Una de las principales prioridades de los responsables políticos, tanto nacionales como de la UE, debería ser seguir invirtiendo y acelerando la ejecución de proyectos de infraestructuras, con el fin de fomentar la competitividad de nuestras economías y acelerar la consecución de los objetivos medioambientales.

El Reglamento de la RTE-T y el Reglamento del Mecanismo "Conectar Europa" deberían ofrecer incentivos, por ejemplo mediante la concesión de mayores subvenciones de la UE o menores tipos de interés en los préstamos, para los proyectos de construcción realizados con una huella de carbono comparativamente baja.

La inversión en infraestructuras requiere una financiación sostenible y creciente por parte del presupuesto de la UE u otras fuentes de financiación. Un presupuesto europeo ambicioso después de 2027 es esencial de cara a cumplir los plazos para completar la red básica. En este contexto, hay que valorar cuáles son los beneficios socioeconómicos y los ingresos fiscales derivados de dichas inversiones.

Debe dedicarse más atención a la ampliación pero también al mantenimiento de la red transeuropea de transporte para garantizar no sólo la seguridad de sus usuarios, sino también el buen funcionamiento del mercado único. Un buen mantenimiento de las infraestructuras es rentable, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista medioambiental, al prolongar el ciclo de vida de las infraestructuras y evitar emisiones. Para ello, las necesidades y los costes relacionados con el mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de las infraestructuras deben tenerse en cuenta desde la fase de planificación de los proyectos.

Para que las infraestructuras sean resilientes a los riesgos ligados al cambio climático es necesaria más inversión.

Hay que tener en cuenta las expectativas de los países y regiones más alejados del centro de Europa. Las disposiciones que definen la RTE-T deben adecuarse para tener en cuenta las necesidades y posibilidades de los países o regiones periféricos.

Como han declarado la FIEC y la EIC en el marco del "Mecanismo de la UE para Ucrania", debería estipularse en el "acervo comunitario de la UE" que todos los suministros y materiales clave financiados con fondos de la UE y adquiridos en virtud de las Directivas sobre contratación pública de la UE deberían estar abiertos a los nacionales y personas jurídicas establecidas en los Estados miembros de la UE, el Espacio Económico Europeo, los países de la zona de vecindad de la UE, incluida Ucrania, o los países que se benefician de la ayuda de preadhesión. Esto reforzaría la transición ecológica de la economía de la UE y garantizaría una aplicación eficaz de los fondos de la UE para actividades de construcción.