¿POR QUÉ?
Los procedimientos de contratación pública se basan en un marco comunitario que deja cierto margen para normas nacionales específicas de aplicación. Esto genera varias diferencias importantes entre las legislaciones nacionales (por ejemplo, prohibiciones de contratar, tratamiento de las ofertas anormalmente bajas, criterios de selección). No obstante, y teniendo en cuenta las características específicas del sector que pueden diferir de un país a otro, el marco de la UE debe ser flexible, dejando margen de maniobra a los Estados miembros.
El marco jurídico actual no aborda adecuadamente la competencia desleal de las empresas de terceros países en los procedimientos de contratación pública, especialmente las que presentan ofertas a precios que parecen anormalmente bajos. Además, algunos Estados miembros de la UE han empezado a excluir las ofertas presentadas por empresas de países que no tienen ningún acuerdo bilateral o a nivel de la UE.
La utilización de medios propios de la Administración Pública, que permite la realización de obras o servicios sin aplicar los procedimientos de contratación pública, debería ser un instrumento excepcional. Sin embargo, en varios Estados miembros se utiliza cada vez con más frecuencia en detrimento de las empresas privadas.
La contratación pública debe desempeñar un papel clave en la transición ecológica, ya que define en gran medida los parámetros bajo los cuales las empresas de construcción compiten para realizar las obras.
